Derechos humanos y empresa: prevenir impactos en países de alto riesgo

13/06/2025

En un mundo globalizado, las decisiones empresariales trascienden fronteras. La fabricación, la extracción de materias primas, la agricultura intensiva o los servicios logísticos suelen tener lugar en regiones donde las garantías institucionales son débiles, las normativas laborales apenas se aplican y los derechos humanos se vulneran con frecuencia. Durante años, esta realidad ha permanecido oculta bajo la capa de la externalización, la subcontratación o la complejidad de las cadenas globales. Sin embargo, hoy ya no es posible mirar hacia otro lado.

La Directiva (UE) 2024/1760 impone a las empresas el deber de actuar allí donde surgen los riesgos. No importa si la vulneración ocurre en un taller textil en Pakistán, en una plantación de cacao en Costa de Marfil o en una mina de litio en América Latina. Si la actividad forma parte de la cadena de actividades de la empresa, también forma parte de su responsabilidad.

El desafío de operar en contextos de riesgo

Hay territorios donde el negocio se desarrolla en medio de ambigüedades legales, economías informales o estructuras sociales que toleran —o directamente fomentan— prácticas como el trabajo forzoso, la represión sindical o la explotación infantil. En otros, la degradación medioambiental ocurre sin sanción alguna, o las comunidades afectadas no tienen acceso a mecanismos efectivos de justicia.

La Directiva europea no ignora estas dificultades. Al contrario, parte de una premisa realista: en ciertos países o sectores, los riesgos de impacto negativo no solo son más altos, sino más difíciles de detectar, prevenir o remediar. Pero precisamente por ello, el deber de diligencia es más exigente.

La empresa debe demostrar que ha actuado con la diligencia adecuada al contexto. No basta con exigir a los proveedores la firma de un código de conducta genérico. Tampoco es suficiente alegar desconocimiento. En zonas de alto riesgo, la pasividad se convierte en complicidad.

Riesgos invisibles, responsabilidades claras

Hay numerosos casos que ilustran el precio de no actuar con la debida diligencia. El incendio en la fábrica Ali Enterprises, en Karachi, dejó más de 250 trabajadores muertos. La mayoría de las salidas de emergencia estaban bloqueadas, y la fábrica había superado una auditoría pocos días antes. La empresa europea que contrataba la producción alegó no tener control sobre las condiciones reales. El argumento no convenció a la opinión pública… ni a los tribunales.

En otros casos, como el de la minería del cobalto en República Democrática del Congo, las cadenas de suministro de grandes tecnológicas fueron relacionadas con trabajo infantil y explotación extrema. Aunque las matrices estaban a miles de kilómetros de distancia, las imágenes recorrieron el mundo. Y con ellas, la pregunta incómoda: ¿podían no saberlo?

La Directiva responde con claridad: no, no se puede alegar ignorancia si no se han tomado todas las medidas razonables para conocer y prevenir el riesgo.

La prevención exige presencia, análisis y compromiso

Prevenir impactos en países de alto riesgo requiere un enfoque activo. No es un ejercicio de vigilancia desde la sede central, sino una combinación de diagnóstico, colaboración y toma de decisiones basadas en el contexto.

Esto implica, por ejemplo, analizar si la legislación laboral del país se aplica realmente en la práctica; si los trabajadores pueden denunciar abusos sin temor a represalias; si los pueblos indígenas han sido consultados antes de iniciar proyectos industriales; o si existen barreras estructurales para que las mujeres accedan a condiciones laborales justas.

También exige entender que el riesgo no siempre es visible. Puede estar oculto bajo múltiples capas de subcontratación o normalizado por décadas de informalidad. Por eso, la empresa debe adaptarse al contexto, establecer mecanismos de escucha local y colaborar con organizaciones que tengan presencia real sobre el terreno.

La oportunidad de actuar mejor

La buena noticia es que, aunque los desafíos son grandes, también lo son las herramientas disponibles. Desde tecnologías de trazabilidad hasta metodologías de evaluación de riesgos, pasando por nuevas formas de cooperación con proveedores, sindicatos y comunidades, las empresas tienen más medios que nunca para hacer lo correcto.

En este proceso, el asistente inteligente RECAVA puede marcar la diferencia. A través de orientación personalizada, RECAVA ayuda a identificar los riesgos asociados a cada país y sector, sugiere medidas proporcionales al nivel de exposición, y ofrece modelos de contratos, mapas de riesgos y protocolos de actuación ante posibles incidentes. Todo ello adaptado a la lógica de la Directiva y al lenguaje empresarial.

En contextos difíciles, actuar con información y método es la mejor forma de cumplir con la ley, pero también de proteger a las personas y al propio negocio.

Un nuevo estándar ético y legal

La Directiva no exige a las empresas que resuelvan todos los problemas del mundo. Pero sí les impone una responsabilidad real: conocer sus cadenas de valor, evaluar los contextos en los que operan y tomar medidas concretas cuando hay riesgos evidentes.

Asumir esa responsabilidad no solo es una exigencia legal. Es también una oportunidad para construir relaciones económicas más justas, prevenir daños irreparables y posicionar a la empresa como un actor legítimo en un mundo que exige cada vez más coherencia y compromiso.